Representación legal en demandas judiciales derivadas de conflictos contractuales con entidades del Estado, incluyendo incumplimientos, terminaciones unilaterales, ejecuciones de garantías y disputas sobre pagos. El servicio comprende el análisis del contrato y expediente, elaboración de la demanda o contestación, presentación de pruebas, participación en audiencias y seguimiento hasta la emisión de sentencia. Está orientado a proteger los derechos del proveedor y garantizar una solución legal efectiva ante controversias con el sector público.
