Representación legal en procesos judiciales iniciados para impugnar actos administrativos emitidos por entidades del sector público. El servicio incluye el análisis del acto impugnado, la preparación de la demanda, la recolección de pruebas, comparecencias ante jueces y seguimiento hasta la obtención de sentencia. Está orientado a garantizar la defensa de los derechos e intereses de personas naturales o jurídicas frente a decisiones arbitrarias o ilegales de la administración pública.
